La Ley 43 de 1990 de Colombia establece principios éticos que los contadores públicos y revisores fiscales deben seguir, como integridad, objetividad, independencia y confidencialidad. En el caso Odebrecht, se incumplió la integridad al omitir asientos contables relacionados con sobornos, la objetividad al ocultar información, la independencia al manipular datos financieros y la confidencialidad al no ser transparente en la auditoría. Las sanciones propuestas por organismos reguladores como IFAC e IESBA incluyen la suspensión o revocación de la licencia profesional, multas y sanciones económicas, prohibición de ejercicio profesional, acciones penales y judiciales, y reparación de daños. Estas medidas buscan castigar a los implicados y prevenir futuros comportamientos antiéticos en la contaduría.
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